Ollanta Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016. En abril de 2025 se convirtió en el tercer expresidente peruano condenado a prisión por hechos vinculados a Odebrecht. Quince meses después, el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso. Esta pieza no sigue la pena, sino el dinero. Reconstruye qué aportes rastreó la justicia para las campañas de 2006 y 2011 y de dónde venían según el tribunal. También explica cómo se ocultaron y qué quedó tras la anulación. También recoge el proyecto de US$7.000 millones por el que la Fiscalía pide 35 años. El análisis por frentes está en el expediente de Humala en Auditoría Abierta.
La respuesta corta. Las campañas de Ollanta Humala tienen un origen de fondos documentado y un castigo anulado. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó el 15 de abril de 2025 que los aportes de 2006 y 2011 venían de Venezuela y de Odebrecht. El partido los simuló como donaciones regulares. Escuchó a 220 testigos. De ellos, 57 negaron haber donado lo que el partido les atribuyó. El 15 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional anuló todo el proceso porque esa conducta no era delito en la fecha de los hechos. No dijo que los aportes no existieran. Humala salió de Barbadillo el 31 de julio de 2026. Sigue abierto el caso del Gasoducto Sur, con un pedido de 35 años.
Quién es Ollanta Humala y por qué su caso importa en octubre de 2026
Humala fue teniente coronel del Ejército, encabezó el levantamiento de Locumba contra Alberto Fujimori en 2000 y llegó a la presidencia en 2011 con el Partido Nacionalista. En 2017 fue el primer expresidente peruano preso por el esquema de Odebrecht.
Su caso importa para esta serie por una razón precisa. Es el expediente donde mejor se ve la diferencia entre probar el origen del dinero y poder castigarlo. El tribunal reconstruyó los aportes con testigos y cifras. El Tribunal Constitucional no discutió esa reconstrucción. Solo concluyó que la ley penal de entonces no la alcanzaba. Para seguir la cronología decisión por decisión, Bajo Lupa publica su expediente judicial de Humala.
Cronología del dinero de Humala, decisión por decisión
| Fecha | Órgano | Decisión | Nivel de sustento |
|---|---|---|---|
| 2006 y 2011 | Partido Nacionalista Peruano | Campañas financiadas, según el tribunal de 2025, con dinero de Venezuela y de Odebrecht | Probado en 2025, anulado en 2026 |
| 2017 | Juez de investigación preparatoria | Prisión preventiva para Humala y Nadine Heredia | Medida cautelar |
| 2018 | Tribunal Constitucional | Libera a Heredia tras nueve meses; considera «excesiva» la medida | Firme |
| Febrero de 2022 | Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional | Inicia el juicio oral | Probado |
| 15 de abril de 2025 | Jueza Nayko Coronado, Tercer Juzgado Penal Colegiado | 15 años por lavado de activos agravado; reparación civil de S/10 millones; detención inmediata | Condena en primera instancia |
| 15 de abril de 2025 | Gobierno de Brasil | Concede asilo a Nadine Heredia en su embajada en Lima | Probado |
| 5 de junio de 2025 | Equipo Especial Lava Jato | Acusa a Humala y Heredia por el Gasoducto Sur Peruano; pide 35 años | Acusación |
| 24 de septiembre de 2025 | Ministerio Público | Formaliza investigación por el caso Madre Mía (homicidio y desaparición forzada, 1992) | Investigación preparatoria |
| 3 de julio de 2026 | Juez Leodan Cristóbal Ayala | Archiva el cargo de asociación ilícita en Gasoducto Sur; mantiene colusión agravada | Apelado por la Fiscalía |
| 15 de julio de 2026 | Tribunal Constitucional | Anula el proceso por lavado de activos y ordena archivarlo; 5 votos contra 2 | Firme |
| 31 de julio de 2026 | INPE | Humala sale del penal de Barbadillo | Probado |
| 26 de agosto de 2026 | Humala | Anuncia demanda al Estado para que le pida disculpas | Declaración propia |
2025: lo que el tribunal reconstruyó sobre el dinero
El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Humala y a Nadine Heredia a 15 años de prisión efectiva, según La República. Lo presidía la jueza Nayko Coronado. Los consideró coautores de lavado de activos agravado. El tribunal determinó que los aportes del Partido Nacionalista para 2006 y 2011 tuvieron origen ilícito. Para 2006, el dinero venía de Venezuela. Para 2011, de la constructora Odebrecht. En ambos casos se simuló como donaciones partidarias regulares para ocultar su procedencia.
La prueba central fue testimonial. Según el Poder Judicial, el tribunal escuchó a 220 testigos a lo largo del juicio iniciado en 2022. De ellos, 57 declararon no haber hecho los aportes que el partido les atribuyó en 2006. Para 2011, no se reconocieron S/4.329.370 en aportes similares. Es decir, el partido registró donaciones a nombre de personas que negaron haberlas hecho. El fallo también condenó a 12 años a Ilán Heredia, hermano de Nadine, y a 8 años a Marco Julio Torres Aliaga. Fijó una reparación civil conjunta de S/10 millones, según Infobae.
La detención, Barbadillo y el asilo de Heredia
Apenas leído el fallo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Humala en la sala de audiencias, según La República. Fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, la cárcel para expresidentes, según Infobae. Allí coincidió con Alejandro Toledo y Pedro Castillo, según AP. Nadine Heredia no estuvo en la lectura y tenía orden de captura. Horas después pidió asilo en la embajada de Brasil junto a su hijo menor. El gobierno de Lula da Silva se lo concedió esa misma noche y continúa en Brasil.
No era la primera prisión. En 2017, ambos pasaron a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación, según Infobae. Humala fue el primer expresidente peruano tras las rejas por este esquema, según France 24. Heredia estuvo nueve meses detenida hasta que el Tribunal Constitucional ordenó liberarla por considerar la medida «excesiva».
2026: por qué el Tribunal Constitucional anuló el castigo
El 15 de julio de 2026, en una sentencia publicada el 30 de julio, el Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus, según Infobae. Anuló todo el proceso penal y ordenó archivar el caso. La mayoría de cinco magistrados consideró vulnerados los principios de legalidad y tipicidad. Su razonamiento: recibir aportes de origen ilícito para financiar campañas equivale a receptación patrimonial, una figura incorporada al Código Penal en noviembre de 2016. Por tanto, no podía aplicarse a hechos de 2006 y 2011. Las magistradas Pacheco Zerga y Monteagudo votaron en contra.
Aquí está la clave de este expediente. El TC no se pronunció sobre si los aportes existieron ni sobre su origen. Esa reconstrucción de 220 testigos y S/4,3 millones no fue desmentida. Solo quedó sin consecuencia penal. Humala dejó Barbadillo el 31 de julio de 2026, según El Peruano y La República. Luego, el 26 de agosto, anunció que demandará al Estado para que le pida disculpas, según Caretas. Ese criterio es el mismo que el TC aplicó a Keiko Fujimori en el caso Cócteles.
El Gasoducto Sur: US$7.000 millones y un pedido de 35 años
Ahora bien, el segundo rastro de dinero es mucho mayor. El 5 de junio de 2025, el Equipo Especial Lava Jato acusó a Humala, Heredia y otras 20 personas por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, según Infobae. El consorcio liderado por Odebrecht ganó un proyecto de más de US$7.000 millones. La Fiscalía pide 35 años para la expareja presidencial por organización criminal y colusión agravada. Entre los acusados figuran exministros como Luis Miguel Castilla y la empresa Enagás.
El 3 de julio de 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el cargo de asociación ilícita en aplicación de la Ley 32108, según Infobae. Mantuvo la acusación por colusión agravada. La Fiscalía apeló y la Tercera Sala de Apelaciones Nacional debe resolver, según RPP. No hay juicio oral ni sentencia. Este caso no se ve afectado por la anulación del TC, que solo alcanzó al proceso por aportes de campaña.
Madre Mía: un frente que no es de dinero
Por transparencia, el expediente incluye un caso de otra naturaleza. El 24 de septiembre de 2025, el Ministerio Público formalizó investigación contra Humala y otros cuatro exmilitares, según Infobae. Los delitos: homicidio calificado y desaparición forzada en la base de Madre Mía, en Huánuco, durante 1992. Abarca los homicidios de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva y la desaparición de al menos cuatro personas más. El caso se había archivado en 2009 y se reabrió a partir de audios y testimonios, según El Comercio. Humala reconoció haber usado el alias «Capitán Carlos» en esa base. En julio de 2026, el Poder Judicial amplió el plazo hasta enero de 2027, según Gestión. No hay acusación formal.
Qué dice Humala y qué dicen sus acusadores
Humala sostuvo durante todo el juicio que los aportes eran donaciones legítimas y que el proceso era político. Tras la anulación, exige disculpas del Estado. La Fiscalía y el tribunal de 2025 concluyeron que el dinero venía de Venezuela y Odebrecht y que el partido lo disfrazó con nombres de donantes falsos. El Tribunal Constitucional no resolvió esa disputa. Dijo que, fuera cual fuera el origen, la ley de entonces no lo castigaba.
Cómo leer este expediente
Tres claves. Primera: anulación no es absolución. El TC anuló por tipicidad, no porque los aportes fueran limpios. Segunda: los 57 testigos que negaron sus donaciones y los S/4,3 millones no reconocidos siguen siendo hechos declarados por un tribunal, aunque sin efecto penal. Tercera: el Gasoducto Sur, con US$7.000 millones en juego, es hoy el único proceso penal abierto por dinero. Para comparar con una expresidenta que atravesó el mismo giro del TC, Bajo Lupa publica el expediente de Keiko Fujimori.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿De dónde venía el dinero de las campañas de Humala?
Según el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en su sentencia del 15 de abril de 2025, de Venezuela para la campaña de 2006 y de Odebrecht para la de 2011. El partido lo simuló como donaciones regulares. El Tribunal Constitucional anuló el proceso en 2026 sin pronunciarse sobre ese origen.
¿Qué declararon los 57 testigos?
Que no habían hecho los aportes que el Partido Nacionalista les atribuyó en la campaña de 2006. Fueron 57 de un total de 220 testigos escuchados en el juicio. Para 2011, el tribunal no reconoció S/4.329.370 en aportes similares.
¿Por qué el Tribunal Constitucional anuló la condena de Humala?
Porque recibir aportes de origen ilícito para una campaña equivale a receptación patrimonial, una figura que entró en el Código Penal en noviembre de 2016. Los hechos eran de 2006 y 2011. El TC consideró vulnerados los principios de legalidad y tipicidad, por cinco votos contra dos.
¿Humala fue absuelto?
No. El Tribunal Constitucional anuló el proceso por un problema de tipificación, no por falta de pruebas. No dijo que los aportes no existieran. Jurídicamente, no hay condena. Fácticamente, la reconstrucción del tribunal de 2025 no fue desmentida.
¿Cuánto tiempo estuvo preso Humala?
Más de un año de prisión preventiva entre 2017 y 2018 y quince meses en el penal de Barbadillo, del 15 de abril de 2025 al 31 de julio de 2026. Salió tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
¿Qué es el caso Gasoducto Sur Peruano?
La adjudicación de un proyecto de más de US$7.000 millones al consorcio liderado por Odebrecht durante el gobierno de Humala. El 5 de junio de 2025 la Fiscalía acusó a Humala, Heredia y otras 20 personas y pidió 35 años. Un juez archivó el cargo de asociación ilícita en julio de 2026; el de colusión agravada sigue en pie.
¿Dónde está Nadine Heredia?
En Brasil. El 15 de abril de 2025, horas después de la condena, pidió asilo en la embajada brasileña en Lima junto a su hijo menor. El gobierno de Lula da Silva se lo concedió esa noche.
¿Qué pasó con la reparación civil de S/10 millones?
La fijó la sentencia de abril de 2025 de forma conjunta para los condenados. Al anularse todo el proceso en julio de 2026, quedó sin efecto. No consta que se haya pagado.
Fuentes consultadas
- La República: PJ condena a Humala y Heredia a 15 años de prisión (15 de abril de 2025)
- Infobae: Sentencia a Humala y Heredia; Heredia se asila en Brasil (2025)
- Infobae: Condena histórica, la reparación civil que deberán pagar (2025)
- Infobae: ¿A qué penales irán Humala y Heredia? (2025)
- Poder Judicial del Perú: PJ impone 15 años de prisión a Humala y Heredia (2025)
- AP / Spectrum News: Condenan a 15 años a Humala por lavado de dinero (2025)
- France 24: Comenzó el juicio contra Humala por el caso Odebrecht (2022)
- Infobae: TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala (31 de julio de 2026)
- El Peruano: Ollanta Humala dejó la prisión de Barbadillo (2026)
- La República: Ollanta Humala sale de Barbadillo tras resolución del TC (2026)
- Caretas: Humala anuncia demanda contra el Estado (2026)
- Infobae: Fiscalía pide 35 años de prisión para los Humala Heredia en caso Gasoducto Sur (5 de junio de 2025)
- Infobae: PJ archiva acusación por asociación ilícita en caso Gasoducto Sur (2026)
- RPP: Fiscalía pide revocar resolución que archivó asociación ilícita en caso Gasoducto Sur (2026)
- Infobae: Humala enfrenta nueva investigación por crímenes de lesa humanidad (2025)
- El Comercio: Humala no ha sido investigado por los audios del caso Madre Mía (2020)
- Gestión: PJ amplía por ocho meses investigación por caso Madre Mía (2026)
Esta pieza recoge hechos documentados y acusaciones atribuidas a sus autores. La mención de una acusación no implica su veracidad, y la posición de la persona mencionada consta en cada caso. Bajo Lupa Digital ofrece a Ollanta Humala espacio para responder y actualizará el texto con cada novedad. Información verificada a 8 de octubre de 2026.

Periodista de Investigación y Analista de Expedientes
Abati Preciado Ruelas es un periodista de investigación especializado en el escrutinio de procesos judiciales, la cobertura de marcos normativos y el análisis de la administración de justicia en América Latina. Su trayectoria se distingue por un firme compromiso con la fiscalización institucional, examinando expedientes legales, resoluciones de tribunales y registros públicos para documentar con precisión el ejercicio del poder.
En Bajo Lupa Digital, forma parte del equipo de investigación encargado de desentrañar controversias legales y casos de alto impacto político. Su enfoque periodístico prioriza la sobriedad analítica, el respeto riguroso al derecho de defensa y el cotejo exhaustivo de fuentes primarias, aportando a la ciudadanía una perspectiva documentada y libre de sesgos partidistas.

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