El 28 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por «involucramiento en corrupción significativa». Lo hizo bajo la sección 7031(c), una norma que vuelve inelegibles para entrar al país a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos. Dos días después, la policía boliviana lo detuvo en Santa Cruz, y hoy cumple detención preventiva en Potosí. Este artículo explica qué es exactamente la medida estadounidense, qué no es y por qué no equivale a una acusación penal ni a una condena.
La respuesta corta. La designación de Roger Mariaca bajo la sección 7031(c) es una sanción administrativa de visados, no una condena penal ni una acusación formal. Le impide, en general, entrar a Estados Unidos a él y a su familia directa. No congela bienes, no la decide un juez y no exige pruebas públicas. En cambio, el proceso que hoy lo tiene preso es boliviano: dos detenciones preventivas, todavía sin juicio ni sentencia.
Qué anunció Washington el 28 de septiembre
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, firmó el comunicado oficial del 28 de septiembre de 2026. El texto contiene dos medidas distintas, y conviene no mezclarlas.
Primera medida: la designación 7031(c) de Mariaca
El Departamento de Estado designó públicamente a Mariaca «por su involucramiento en corrupción significativa». Según el comunicado, esa acción lo vuelve, junto con sus familiares directos, «generalmente inelegible» para entrar a Estados Unidos.
Además, el texto formula una acusación concreta. Afirma que Mariaca abusó de sus cargos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y que ayudó a criminales violentos a evadir la justicia. También lo vincula con su etapa previa como fiscal de Santa Cruz. El comunicado no presenta documentos, testigos ni montos que respalden esa afirmación.
La base legal es la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (División F, P.L. 119-75). Esa norma obliga al secretario de Estado a designar, en público o en privado, a funcionarios extranjeros sobre los que tenga «información creíble» de corrupción significativa o de violaciones graves de derechos humanos.
Segunda medida: la política de visados 212(a)(3)(C)
Por otra parte, el comunicado anunció una nueva política de restricción de visados bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esa sección permite negar la entrada a personas cuya presencia tendría consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.
Bajo esa política, Washington revocó los visados de 12 bolivianos y sus familias. Entre ellos figuran un magistrado constitucional, el exministro de Justicia Iván Lima, un expresidente de la Aduana Nacional, jueces y fiscales de Santa Cruz. Además, declaró inelegibles a otros nueve bolivianos sin visado vigente. La lista incluye también a dos colombianos, entre ellos la senadora Martha Peralta, a dos ecuatorianos sin nombre público y a un juez constitucional de Lima, en Perú.
En total, son 27 personas, según el resumen del Latin America Daily Briefing del 29 de septiembre. El comunicado no acusa a cada una de ellas de un delito concreto. Las agrupa como personas que socavan gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
Qué peso legal tiene una designación 7031(c)
Esta es la pregunta central. Una designación 7031(c) es una decisión administrativa del Departamento de Estado. No la dicta un tribunal. Tampoco abre un juicio ni declara culpable a nadie.
Lo que sí hace
- Vuelve a la persona, en general, inelegible para recibir un visado estadounidense.
- Extiende esa inelegibilidad a sus familiares directos.
- Cuando es pública, como en este caso, expone el nombre y la acusación ante el mundo.
Lo que no hace
- No congela cuentas ni bienes. Ese efecto corresponde a las sanciones del Departamento del Tesoro, por ejemplo las de la OFAC bajo el programa Global Magnitsky.
- No es una acusación penal. Una acusación formal la presenta un fiscal federal ante un juez.
- No es una condena. Solo un tribunal puede declarar a alguien culpable.
- No obliga a Bolivia a detener, juzgar ni entregar a nadie.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) describe la 7031(c) como una prohibición de entrada basada en «información creíble». Además, el informe R46362 del CRS sobre las designaciones públicas la distingue de las sanciones de la OFAC, que son un programa separado del Tesoro. Por eso, el estándar de la 7031(c) es mucho más bajo que el de un juicio penal, donde la culpa se prueba más allá de toda duda razonable.
Una medida administrativa de EE. UU. y un proceso penal boliviano, en orden
- 28 sep: designación 7031(c)EE. UU. lo declara inelegible para entrar al país
- 30 sep: detenciónLa policía lo aprehende en Santa Cruz
- SuspensiónLa Asamblea Legislativa lo aparta del cargo
- 3 oct: primera preventiva180 días por organización criminal y narcotráfico
- 4 oct: segunda preventivaSeis meses por legitimación de ganancias ilícitas
- Personas en el comunicado
- 27
- Bolivianos afectados
- 22
- Días de preventiva
- 180
- Acusaciones penales en EE. UU.
- 0
Fuente: Departamento de Estado (28-09-2026), Infobae, La República y El País de Bolivia (octubre de 2026).
Quién es Roger Mariaca
Roger Rider Mariaca Montenegro nació en Santa Cruz en 1987. Es abogado por la Universidad Gabriel René Moreno. Dirigió la Fiscalía Departamental de Santa Cruz entre 2020 y 2024, según el perfil que publicó Infobae con la agencia EFE.
En octubre de 2024, la Asamblea Legislativa anterior, con mayoría del MAS, lo eligió fiscal general por seis años, hasta 2030. Durante la preselección enfrentó siete impugnaciones y siguió en carrera. Sus críticos, entonces en la oposición, lo consideraban cercano al MAS. En cambio, al asumir, él prometió combatir la corrupción, la impunidad y la violencia de género.
El trasfondo: el caso Marset
En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal de Santa Cruz, un operativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fracasó, y Marset escapó. El entonces ministro Eduardo del Castillo no descartó que policías, fiscales o jueces lo ayudaran. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó esa versión, según Infobae.
Marset fue capturado en Bolivia en marzo de 2026 y enviado a Estados Unidos. Desde entonces circula un video en el que, supuestamente, llama «amigo» a Mariaca. Su autenticidad no está verificada. Por eso, este artículo lo trata como Sin respaldo.
Qué hizo Bolivia después
La reacción boliviana fue rápida. El 29 de septiembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz pidió a Washington, por la Cancillería, información complementaria y pruebas, según The Rio Times, que recogió la respuesta oficial. Además, según el Latin America Daily Briefing, los presidentes del Senado y de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, pidieron a Mariaca que se apartara del cargo.
La detención y la suspensión
El miércoles 30 de septiembre, la policía detuvo a Mariaca en Santa Cruz. Después lo trasladó a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en El Alto. El Gobierno lo acusó de encabezar una «organización criminal» dentro del Ministerio Público para «incentivar y proteger el narcoterrorismo». En el mismo operativo cayeron otras 13 personas, entre ellas tres fiscales, según Infobae. Por su parte, el Ministerio Público calificó la detención de «secuestro».
Luego, el Parlamento reformó la ley para permitir la suspensión definitiva del fiscal general tras una imputación o una medida cautelar personal. Con esa reforma, la Asamblea Legislativa lo apartó del cargo y nombró fiscal interino a José Armando Urioste, según La República, que cubrió la audiencia cautelar. Las fuentes difieren en la palabra: unas hablan de suspensión y otras de destitución.
Las dos detenciones preventivas
El sábado 3 de octubre, el juez Juan Carlos Montalbán dictó 180 días de detención preventiva contra Mariaca por organización criminal y tráfico de sustancias controladas. La audiencia duró más de 14 horas. La misma medida alcanzó al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, al fiscal superior Martín Irusta y al mayor de policía Rubén Aparicio. Zeballos e Irusta figuran también en la lista de visados revocados del 28 de septiembre.
Al día siguiente, otro juez cautelar le impuso seis meses más de detención preventiva por presunta legitimación de ganancias ilícitas, según El País de Bolivia, que reportó la segunda medida. Ese caso se refiere, según La República, a unos 3,5 millones de bolivianos y cerca de 10.000 dólares hallados en una ambulancia que salió de su casa después de su arresto. Además, el juez rechazó un planteamiento de la defensa sobre el juicio de responsabilidades, según Oxígeno Digital, que informó el rechazo.
La respuesta de Mariaca y de su defensa
Mariaca rechazó las acusaciones de Estados Unidos. En un video, antes de su arresto, dijo que no se apartaría del cargo y que Bolivia esperaba respeto para sus instituciones, según The Rio Times. Además, vinculó la decisión estadounidense con las investigaciones de su Fiscalía, entre ellas los procesos contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, según Infobae.
En la audiencia del 4 de octubre, pidió no ir a la cárcel de Cantumarca, en Potosí. Argumentó que allí había enviado a acusados de homicidios violentos y que su vida correría peligro. «Mi vida hoy está en manos del Órgano Judicial», dijo, según El País de Bolivia. Su defensa, además, negó que tuviera contacto personal o telefónico con Marset o con su entorno.
Su abogado, Jerjes Justiniano, apeló la primera detención. Más tarde, el 17 de noviembre, denunció tratos «inhumanos» y «crueles» en Cantumarca, según Opinión, que publicó la denuncia del abogado. Esas condiciones no tienen verificación independiente.
¿Puede terminar en una extradición?
Por ahora, no hay base pública para eso. Ninguna fuente consultada informa de una acusación penal contra Mariaca en un tribunal de Estados Unidos. Sin un proceso así, Washington no tiene nada que pedir en extradición.
Sin embargo, el ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, especuló sobre esa posibilidad. Dijo que la designación podría derivar en una investigación, en un paso judicial en Estados Unidos y «probablemente» en un pedido de extradición, según The Rio Times. También aclaró que esa decisión corresponde a las autoridades estadounidenses.
Las medidas, por peso legal y nivel de sustento
| Medida o acusación | Quién la toma y cuándo | Peso legal | Nivel de sustento |
|---|---|---|---|
| Designación 7031(c) de Mariaca | Departamento de Estado, 28-09-2026 | Administrativa: inelegibilidad de visado para él y su familia | Probado que existe la medida |
| Sobornos para facilitar el narcotráfico | Departamento de Estado, 28-09-2026 | Acusación sin pruebas públicas ni juez | Documentado, en disputa |
| Revocación de visados a 26 personas (INA 212(a)(3)(C)) | Departamento de Estado, 28-09-2026 | Administrativa, por razones de política exterior | Probado que existe la medida |
| Organización criminal y narcotráfico | Juez Juan Carlos Montalbán, 03-10-2026 | Medida cautelar: 180 días de detención preventiva | Documentado, en disputa |
| Legitimación de ganancias ilícitas | Juez cautelar de La Paz, 04-10-2026 | Medida cautelar: seis meses de detención preventiva | Documentado, en disputa |
| Acusación penal en EE. UU. | Ninguna conocida | No existe | Sin respaldo |
| Video de Marset que lo llama «amigo» | Circula en medios locales | Ninguno | Sin respaldo |
Entonces, ¿qué está probado?
- Probado: el 28 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado designó públicamente a Roger Mariaca bajo la sección 7031(c). Él y su familia directa quedaron, en general, inelegibles para entrar a Estados Unidos.
- Probado: esa designación es una medida administrativa de visados. No es una acusación penal, no es una condena y no congela bienes.
- Probado: un juez boliviano dictó el 3 de octubre 180 días de detención preventiva, y otro juez sumó seis meses el 4 de octubre.
- Documentado, en disputa: que Mariaca recibió sobornos para proteger el narcotráfico. Lo afirman Washington y el Gobierno de Bolivia; él lo niega, y ningún tribunal lo ha juzgado.
- Documentado, en disputa: los cargos bolivianos de organización criminal, narcotráfico y legitimación de ganancias. Una detención preventiva no es una condena.
- Sin respaldo: el video en el que Marset lo llamaría «amigo» y cualquier pedido de extradición de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué sanción le impuso Estados Unidos a Roger Mariaca?
Una designación pública bajo la sección 7031(c), anunciada el 28 de septiembre de 2026. El Departamento de Estado lo acusó de corrupción significativa por, según su versión, aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Como efecto, Mariaca y sus familiares directos quedaron, en general, inelegibles para entrar a Estados Unidos. Él rechaza las acusaciones.
¿Una designación 7031(c) es una condena penal?
No. Es una decisión administrativa del Departamento de Estado sobre visados. No la dicta un juez, no exige un juicio y se basa en «información creíble», un estándar mucho más bajo que el penal. Tampoco congela bienes, porque eso corresponde a sanciones del Tesoro, como las de la OFAC bajo Global Magnitsky.
¿Por qué está preso Roger Mariaca?
Por dos órdenes de detención preventiva de la justicia boliviana. El 3 de octubre de 2026, el juez Juan Carlos Montalbán le dictó 180 días por organización criminal y tráfico de sustancias controladas. El 4 de octubre, otro juez sumó seis meses por legitimación de ganancias ilícitas. No hay juicio ni sentencia todavía.
¿Roger Mariaca sigue siendo fiscal general de Bolivia?
No ejerce el cargo. Tras su detención, el Parlamento reformó la ley para permitir la suspensión definitiva del fiscal general, y la Asamblea Legislativa lo apartó. Según La República, nombró fiscal interino a José Armando Urioste. Las fuentes hablan a veces de suspensión y otras de destitución.
¿Estados Unidos pidió la extradición de Mariaca?
No, al menos hasta el 19 de noviembre de 2026. Ninguna fuente pública informa de una acusación penal en un tribunal estadounidense, requisito previo para pedir una extradición. El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, dijo que podría haber un pedido «probablemente», pero lo planteó como posibilidad, no como hecho.
¿Qué responde Mariaca a las acusaciones?
Las rechaza. Dijo que no se apartaría del cargo y vinculó la medida estadounidense con investigaciones de su Fiscalía, como las del consultor argentino Fernando Cerimedo. Su defensa niega cualquier contacto con Sebastián Marset. Su abogado, Jerjes Justiniano, apeló la detención y denunció el 17 de noviembre tratos inhumanos en la cárcel de Cantumarca.
¿A quiénes más sancionó Estados Unidos el 28 de septiembre?
A otras 26 personas, bajo una política de visados distinta, la sección 212(a)(3)(C). Son 21 bolivianos, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima, dos colombianos, como la senadora Martha Peralta, dos ecuatorianos sin nombre público y el juez constitucional peruano Juan Carlos Núñez. Ninguna de esas medidas es una condena.
Fuentes consultadas
- Departamento de Estado: Visa Restrictions for Foreign Nationals Undermining Democratically-Elected Governments in Western Hemisphere Countries (28 de septiembre de 2026)
- Latin America Daily Briefing: US sanctions Bolivia attorney general, other Latin American officials (29 de septiembre de 2026)
- The Rio Times: Bolivia Attorney General Case Could Lead to US Extradition, Minister Says (septiembre de 2026)
- Infobae (EFE): Mariaca, el fiscal general acusado por Bolivia y EE.UU. de proteger al narcoterrorismo (1 de octubre de 2026)
- Oxígeno Digital: Juez rechazó juicio de responsabilidades para exfiscal Mariaca y dispuso su detención preventiva en Cantumarca (3 de octubre de 2026)
- La República: Dictan prisión preventiva contra exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca (4 de octubre de 2026)
- El País (Bolivia): Roger Mariaca suma segunda detención preventiva (5 de octubre de 2026)
- Opinión: Abogado denuncia que Mariaca recibe tratos crueles y discriminatorios en Cantumarca (17 de noviembre de 2026)
- Congressional Research Service: Foreign Officials Publicly Designated by the U.S. Department of State on Corruption or Human Rights Grounds, R46362 (18 de mayo de 2020)
Nota legal: Este artículo recoge hechos documentados y acusaciones atribuidas a sus autores. La mención de una acusación no implica su veracidad, y las respuestas de la persona mencionada constan en cada caso. Bajo Lupa Digital ofrece a Roger Mariaca y a su defensa espacio para responder y actualizará el artículo con cada novedad. Información verificada al 19 de noviembre de 2026.

Periodista de Investigación y Analista de Políticas Públicas
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