The Scoular Company, una comercializadora agrícola de Omaha (Nebraska, Estados Unidos), aceptó pagar más de US$10 millones al Departamento de Justicia (DOJ) para cerrar una investigación por sobornos a funcionarios mexicanos en la frontera. El DOJ anunció el acuerdo el 17 de julio de 2026. Según el comunicado oficial, entre 2013 y 2019 la empresa usó agentes aduanales para pagar unos US$2.000 por cada tren de maíz que fallaba la inspección sanitaria en México. Es la resolución corporativa más reciente de 2026 por sobornos en América Latina bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Además, es la primera en la que el DOJ vincula los pagos con personas ligadas a un cártel. ¿Qué está probado, qué es una acusación del fiscal y qué sigue sin nombre?
La respuesta corta. Scoular no fue condenada: firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido que la obliga a pagar unos US$10,2 millones y a cooperar durante tres años. Si cumple, el DOJ retirará el cargo. Los hechos centrales (pagos de unos US$2.000 por tren, entre 2013 y 2019) constan en el comunicado oficial y la propia empresa reconoció que una unidad de negocio autorizó esos pagos. En cambio, el vínculo con un cártel es una afirmación del DOJ que ningún tribunal ha juzgado. Además, ningún funcionario mexicano aparece con nombre en los documentos públicos.
Qué anunció el Departamento de Justicia el 17 de julio de 2026
El DOJ presentó el caso en un comunicado sobre el pago de más de US$10 millones de Scoular, con número de prensa 26-800. La Fiscalía federal presentó una acusación formal (criminal information) ante el tribunal del Distrito Oeste de Texas. El documento contiene un solo cargo: conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA.
Al mismo tiempo, la empresa firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido, conocido en inglés como DPA. Ese acuerdo dura tres años. Durante ese plazo, Scoular debe cooperar con cualquier investigación en curso o futura. También debe informar de forma periódica al DOJ sobre su programa de cumplimiento.
Los montos son precisos. Según el DOJ, Scoular pagará una multa penal de US$9.769.521 y un decomiso de US$414.351. En total, son unos US$10,2 millones. Por otra parte, el comunicado no impone un monitor independiente. El bufete Mayer Brown explica en su análisis de las lecciones del caso Scoular que el DOJ lo consideró innecesario por las mejoras ya aplicadas.
Qué es un DPA y qué no es
Un acuerdo de enjuiciamiento diferido no es una condena. La Fiscalía presenta el cargo, pero suspende el proceso. Si la empresa cumple sus obligaciones durante el plazo, el cargo se retira. Si incumple, el DOJ puede reactivar el juicio. Por eso, en este artículo Scoular aparece como empresa «que pactó con el DOJ», no como empresa condenada.
Sin embargo, un DPA tampoco es una absolución. La empresa paga, coopera y acepta controles. En este caso, además, su director jurídico admitió en público parte de los hechos, como se explica más abajo.
Cómo funcionaba el esquema en la frontera, según el DOJ
El relato del DOJ parte de una norma mexicana. México permite inspeccionar los cargamentos agrícolas que entran desde Estados Unidos. Los inspectores buscan tierra, suelo y otras impurezas. Si las encuentran, el cargamento puede quedar retenido o rechazado.
Según el comunicado, Scoular recurrió a agentes aduanales para resolver ese problema. Los agentes pagaban sobornos a funcionarios mexicanos para que los trenes de maíz y de otros productos pasaran pese a las observaciones. Después, facturaban esos pagos a Scoular como «tarifas de reinspección». La empresa los reembolsaba.
El DOJ calcula unos US$2.000 por cada tren de Scoular. En total, la empresa autorizó más de US$400.000 en sobornos. A cambio, evitó tarifas y costos por más de US$6,5 millones. Además, el comunicado señala que los empleados coordinaban los envíos y los pagos por WhatsApp y otros medios.
Qué funcionarios y qué puertos aparecen
El comunicado del DOJ no nombra a ningún funcionario mexicano. Tampoco identifica los cruces fronterizos. En cambio, el diario El Imparcial reportó la sentencia del agente aduanal con más detalle. Según ese medio, el expediente del agente menciona a funcionarios de la Secretaría de Agricultura (Sader, antes Sagarpa) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). También cita los cruces de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras.
Aun así, El Imparcial precisa que el expediente no da nombres, cargos ni montos por funcionario. Por tanto, nadie en México aparece señalado de forma individual. Bajo Lupa Digital no encontró ningún comunicado de la Sader ni del Senasica sobre el caso hasta el 19 de noviembre de 2026.
El vínculo con un cártel: una afirmación del DOJ
El caso llamó la atención por otro motivo. Según el DOJ, parte de los sobornos terminó en manos de personas que ayudaban a operar un cártel en la frontera. El comunicado aclara que Scoular y sus empleados no lo sabían. Ningún documento público nombra al cártel.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, dijo en el comunicado que nada cruza hacia México o desde México sin la aprobación de los cárteles. Esa frase es una opinión del fiscal. No es un hecho juzgado. Por eso, en la tabla de abajo, el vínculo con el cártel figura como «Documentado, en disputa»: lo afirma la autoridad, pero ningún juez lo ha examinado en un juicio contradictorio.
Este matiz encaja con la política del DOJ. En junio de 2025, el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche firmó nuevas pautas para la FCPA. Según el análisis de Morgan Lewis sobre el memorando Blanche, la primera prioridad son los casos asociados a cárteles u organizaciones criminales transnacionales. Así, el caso Scoular parece cumplir esos criterios: monto relevante, seis años de conducta y un nexo con un cártel.
La cifra de la multa: por qué US$9,7 millones
La multa no es arbitraria. Según el DOJ, refleja una rebaja del 25 % sobre el mínimo del rango que fijan las directrices federales de sentencia. El comunicado no publica ese rango. Por eso, Bajo Lupa Digital no lo calcula.
La rebaja tiene dos motivos, según el DOJ. Primero, Scoular hizo una investigación interna, identificó a los responsables y respondió a los pedidos de documentos, pese a fallas iniciales. Segundo, aplicó medidas correctivas. Por ejemplo, dejó de usar agentes aduanales ligados a las tarifas de reinspección en México. También revisó su código de conducta y sus controles financieros.
En cambio, la empresa no obtuvo el crédito por autodenuncia. El DOJ señala que Scoular no reveló la conducta de forma voluntaria ni a tiempo. Ese punto pesa: con autodenuncia, las rebajas pueden ser mayores. Por ejemplo, en noviembre de 2025 Comcel (TIGO Guatemala) recibió una rebaja del 50 % porque su matriz, Millicom, se había autodenunciado en 2015, según el resumen de Cleary Gottlieb sobre el acuerdo de Comcel.
Cifras y recorrido del dinero según el comunicado del DOJ del 17 de julio de 2026
- Sobornos autorizados
- US$0,4 M
- Costos evitados
- US$6,5 M
- Multa penal
- US$9,77 M
- Decomiso
- US$0,41 M
- Inspección en Méxicoel tren de maíz presenta tierra o impurezas
- Agente aduanalpaga unos US$2.000 por tren a funcionarios
- Factura a Scoularel pago aparece como «tarifa de reinspección»
- ReembolsoScoular paga la factura y el tren cruza
- Destino finalparte del dinero llega a personas ligadas a un cártel, según el DOJ
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU., comunicado 26-800 (17-07-2026).
El agente aduanal: la única persona condenada
El caso tiene un condenado. Se trata de Carlos Leopoldo Alvelais, un agente aduanal que pagó sobornos en nombre de Scoular. Según el DOJ, se declaró culpable el 23 de octubre de 2025 de conspiración para violar la FCPA. Su caso se tramitó en el mismo tribunal del Distrito Oeste de Texas.
Después, en julio de 2026, el juez lo sentenció a 18 meses de prisión. Así lo informaron DTN sobre la pena del agente de Scoular y MLex sobre la sentencia en Texas. Además, según El Imparcial, la pena incluye tres años de libertad supervisada y una multa de US$250.000.
Hay una diferencia de fechas que conviene señalar. El DOJ ubica la conducta de Scoular entre 2013 y 2019. Sin embargo, El Imparcial cita el expediente del agente con pagos entre junio de 2013 y al menos abril de 2023. Esa fecha más amplia corresponde al caso del agente, no necesariamente a Scoular. Bajo Lupa Digital no pudo verificarla en un documento oficial.
Qué dice Scoular
La empresa respondió en público. Su director jurídico, Tim Manning, dijo a DTN que Scoular es «una empresa diferente hoy». También reconoció que una unidad de negocio autorizó pagos a agentes aduanales sabiendo que se usarían, al menos en parte, para pagos indebidos a funcionarios mexicanos.
Además, Manning afirmó que Scoular cooperó por completo con el DOJ. Según él, la empresa terminó la relación con esos agentes, reorganizó sus equipos y amplió su formación anticorrupción. También subrayó que la compañía, con 130 años de historia, no tenía antecedentes de este tipo. Por otra parte, DTN informa que el director ejecutivo durante el periodo, Paul Maass, sigue en el cargo.
| Hecho | Fuente y fecha | Nivel de sustento |
|---|---|---|
| Scoular firmó un DPA de tres años y pagará US$9.769.521 de multa y US$414.351 de decomiso | DOJ, 17-07-2026 | Probado |
| Pagos de unos US$2.000 por tren entre 2013 y 2019, por más de US$400.000 | DOJ, 17-07-2026; admisión parcial de Scoular a DTN, 22-07-2026 | Probado (reconocido en el acuerdo y por la empresa) |
| Scoular evitó más de US$6,5 millones en costos | DOJ, 17-07-2026 | Documentado, en disputa (cálculo del DOJ, no juzgado) |
| Parte de los sobornos benefició a personas ligadas a un cártel | DOJ, 17-07-2026 | Documentado, en disputa (afirmación de la Fiscalía) |
| Carlos Leopoldo Alvelais se declaró culpable y recibió 18 meses de prisión | DOJ (plea 23-10-2025); DTN y MLex, julio de 2026 | Probado (condena en primera instancia) |
| Los pagos llegaron a funcionarios de la Sader y del Senasica en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras | El Imparcial, julio de 2026, citando el expediente del agente | Documentado, en disputa (sin nombres ni montos individuales) |
| Identidad de los funcionarios y del cártel | Ningún documento público | Sin respaldo |
Por qué este caso importa para América Latina
El caso Scoular es pequeño en dinero si se lo compara con Odebrecht o con Comcel. Sin embargo, muestra hacia dónde va la FCPA en 2026. Según el recuento del blog FCPA Professor sobre la aplicación de la FCPA, publicado el 10 de noviembre de 2026, solo dos empresas resolvieron casos FCPA en 2026: Balt, por un esquema en Francia, y Scoular, por México. Por tanto, Scoular es la resolución corporativa más reciente con un país latinoamericano.
Además, el caso ilustra un riesgo común en la región. Muchos pagos indebidos no van a ministros, sino a inspectores, aduaneros y agentes intermediarios. Son sumas bajas y repetidas. Por eso, a menudo pasan por gastos operativos legítimos, como una «tarifa de reinspección».
Por último, el DOJ conecta ahora corrupción y crimen organizado. Para las empresas que exportan a México y a Centroamérica, eso eleva el riesgo legal. En cambio, para los Estados de la región plantea una pregunta incómoda: ¿quién investiga a los funcionarios del lado mexicano?
Entonces, ¿qué está probado?
- Probado: Scoular firmó un DPA de tres años con el DOJ el 17 de julio de 2026 y pagará unos US$10,2 millones. El DPA no es una condena.
- Probado: según el DOJ y la propia empresa, una unidad de Scoular autorizó pagos de unos US$2.000 por tren para que funcionarios mexicanos dejaran pasar cargamentos entre 2013 y 2019.
- Probado: el agente aduanal Carlos Leopoldo Alvelais se declaró culpable en octubre de 2025 y recibió 18 meses de prisión en julio de 2026.
- Documentado, en disputa: el beneficio de US$6,5 millones y el nexo con un cártel son afirmaciones del DOJ que no pasaron por un juicio.
- Documentado, en disputa: la mención de la Sader, el Senasica y tres cruces fronterizos procede de un expediente citado por la prensa, sin nombres.
- Sin respaldo: la identidad de los funcionarios mexicanos y del cártel. Ningún documento público la revela.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Scoular fue condenada por sobornos en México?
No. Scoular firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) de tres años con el Departamento de Justicia, anunciado el 17 de julio de 2026. El DOJ presentó un cargo de conspiración para violar la FCPA, pero suspendió el proceso. Si la empresa cumple, el cargo se retira. Aun así, pagará unos US$10,2 millones y su director jurídico reconoció que una unidad autorizó los pagos.
¿Cuánto pagará Scoular y a quién?
Unos US$10,2 millones al Gobierno de Estados Unidos. Según el DOJ, la cifra se divide en una multa penal de US$9.769.521 y un decomiso de US$414.351. La multa refleja una rebaja del 25 % sobre el mínimo de las directrices federales, por cooperación y medidas correctivas. México no recibe ninguna parte de ese dinero según los documentos públicos.
¿Qué funcionarios mexicanos recibieron los sobornos?
No se sabe. El comunicado del DOJ habla de funcionarios mexicanos sin nombrarlos. Según El Imparcial, el expediente del agente aduanal menciona a personal de la Sader y del Senasica en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras. Sin embargo, no da nombres, cargos ni montos. Ningún funcionario aparece procesado en Estados Unidos por este caso.
¿Qué tiene que ver un cártel con el caso Scoular?
Según el DOJ, parte de los sobornos benefició a personas que ayudaban a operar un cártel en la frontera. El comunicado aclara que Scoular no lo sabía. Ningún documento público nombra al cártel, y ningún tribunal ha examinado esa afirmación. Por eso, Bajo Lupa Digital la clasifica como documentada, pero en disputa.
¿Hay alguna persona condenada en el caso?
Sí, una. El agente aduanal Carlos Leopoldo Alvelais se declaró culpable el 23 de octubre de 2025 de conspiración para violar la FCPA. En julio de 2026 recibió 18 meses de prisión, según DTN y MLex. El Imparcial añade tres años de libertad supervisada y una multa de US$250.000. El comunicado no anuncia cargos contra empleados de Scoular.
¿Es el caso Scoular la sanción FCPA más reciente en América Latina?
Sí, entre las resoluciones corporativas. Según FCPA Professor, en 2026 solo Balt (Francia) y Scoular (México) resolvieron casos FCPA hasta el 10 de noviembre. La resolución anterior con un país latinoamericano fue la de Comcel (TIGO Guatemala), en noviembre de 2025, por unos US$118 millones. Hay otros casos abiertos contra personas, no contra empresas.
¿Qué pasa si Scoular incumple el acuerdo?
El DOJ puede reactivar el proceso penal. Durante los tres años del DPA, Scoular debe cooperar con las investigaciones, mantener su programa de cumplimiento e informar de forma periódica al Departamento de Justicia. Si cumple, el cargo se retira al final del plazo. El acuerdo no incluye un monitor independiente, según el DOJ y Mayer Brown.
Fuentes consultadas
- Departamento de Justicia de EE. UU.: Agricultural Company to Pay Over $10M to Resolve Foreign Bribery Case (17 de julio de 2026)
- DTN Progressive Farmer: Scoular Settles Bribery Case for $10M (22 de julio de 2026)
- El Imparcial: Agente aduanal sobornó en dólares a funcionarios de Sader para importar granos a México y recibe 18 meses de cárcel en Texas (julio de 2026)
- MLex: Texas customs broker sentenced to prison in US for role in Scoular bribery scheme (julio de 2026)
- Mayer Brown: Border Bribes and Cartel Nexus: Compliance Lessons from Scoular’s $10 Million FCPA Resolution (julio de 2026)
- Morgan Lewis: Recent FCPA Resolution Points to DOJ’s Focus on Cartels, Adherence to Blanche Memo (julio de 2026)
- FCPA Professor: Checking In On FCPA Enforcement (10 de noviembre de 2026)
- Cleary Gottlieb: Millicom Subsidiary Comunicaciones Celulares Enters First Criminal FCPA Corporate Resolution (noviembre de 2025)
Nota legal: Este artículo recoge hechos documentados y acusaciones atribuidas a sus autores. La mención de una acusación no implica su veracidad, y las respuestas de la persona o empresa mencionada constan en cada caso. Bajo Lupa Digital ofrece a The Scoular Company y a las autoridades mexicanas mencionadas espacio para responder y actualizará el artículo con cada novedad. Información verificada al 19 de noviembre de 2026.

Periodista de Investigación y Especialista en Datos
Mijael Galvez Alemán es un periodista de investigación especializado en la auditoría de recursos públicos, el análisis financiero de la gestión gubernamental y el periodismo de datos en la región. Su trabajo se centra en rastrear flujos presupuestarios, contratos estatales y antecedentes normativos para auditar el ejercicio del poder con una metodología basada estrictamente en documentos oficiales.
En Bajo Lupa Digital, lidera los cruces de bases de datos y la verificación documental de los reportajes de fondo. Su labor garantiza que cada investigación esté blindada por un análisis cuantitativo y cualitativo riguroso, ofreciendo a los lectores una perspectiva transparente, verificable y ajena a la especulación política.
